Agricultura familiar, la ley que reclamaba el sector
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Miradas al sur – suplemento campo 18/1
El Año Internacional de la Agricultura Familiar terminó de la mejor manera, con la sanción de ley que protege al sector, declarándolo “de interés público por su contribución a la seguridad y soberanía alimentarias del pueblo”.
Con la nueva norma se creó el Régimen de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar con la “finalidad prioritaria de incrementar la productividad (…) y valorizar y proteger al sujeto esencial”, sobre la base de la sostenibilidad medioambiental, social y económica.
El proceso de institucionalización y reivindicación del sector, que el Estado lleva adelante desde los últimos años, avanza desde un Programa Social Agropecuario de perfil netamente asistencialista, propio de los años 1990, para alcanzar la reciente creación de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación, elevando el rango de la anterior Subsecretaría. “Es necesario el diálogo y el trabajo junto a las organizaciones de agricultores familiares, campesinos, indígenas que son quienes dan vida a esa Argentina profunda”, consideró el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Carlos Casamiquela.
La ley de la agricultura familiar, campesina e indígena viene a reparar una deuda histórica y garantiza “el acceso y funcionamiento de todos los servicios sociales para la totalidad de la población rural en el territorio, en función de que (…) aseguren el arraigo de las familias rurales”.
Desde que se comenzó a elaborar el proyecto de ley, las organizaciones vinculadas a las/os campesinos, indígenas y agricultores familiares fueron actores centrales en la redacción del mismo (ver “Qué dicen las organizaciones”). Hoy son la garantía de que sus objetivos se cumplan, ya que la ley establece que “los procesos de gestión y la administración (…) deberán considerar mecanismos de participación”, para lo cual se conformó legalmente el Consejo de Agricultura Familiar, Campesino e Indígena. Por estos motivos se espera la consolidación de un modelo agrario más nacional, popular e inclusivo, sustentable en términos económicos, sociales y ambientales, y que conviva con el modelo del agronegocio centrado en la renta y la productividad.
Para ello, el Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, se comprometió a la inmediata reglamentación de la ley y a la inclusión de un presupuesto estimado en 1.500 millones de pesos. “Entendemos que la ley tiene que tener un presupuesto”, afirmó.
Por los distintos aspectos económicos, sociales, políticos, culturales y ambientales que contiene, esta ley tiene un perfil integral y estratégico (ver “Los puntos más importantes de la ley”). Por ejemplo, se caracteriza a la tierra como un bien social y se conforma un Banco de Tierras para la Agricultura Familiar para el desarrollo de emprendimientos productivos”. Asimismo se suspenden por tres años los desalojos y se constituye una Comisión Nacional Permanente de Regularización Dominial de la Tierra Rural para brindar protección legal a aquellas familias que desde hace décadas son legítimas poseedoras de sus tierras y trabajan en ellas, pero que aún no tienen en regla los papeles que acreditan la titularidad de las mismas y suelen ser víctimas de los interesados de turno en desalojarlos para quedarse con ellas.
Por otro lado, se crea el Centro de producción de Semillas Nativas, con el objetivo de promover su utilización, acopio, producción y comercialización. A través de la Cadena Nacional de Comercialización, con ferias locales, regionales y nacionales, se acerca el productor al consumidor, abonándose precios justos y beneficiosos para ambos por productos sanos y naturales y artesanías de calidad.
Como uno de los objetivos es fomentar el arraigo rural de los jóvenes y enfrentar el envejecimiento del sector, la ley contempla el desarrollo en infraestructura, equipamiento rural, caminos, servicios públicos, acceso al agua para el consumo y el riego, regímenes educativos adaptados a la realidad rural, capacitación, acceso a la salud y planes de vivienda rural, entre otros.
El 2015 debe ser el verdadero año de la agricultura familiar. Con el 65% del total de productores, el sector representa el 20% del PBI del sector agropecuario nacional, el 20% de tierras productivas, el 27% del valor de la producción. La actividad constituye el 53% del empleo rural y tiene la potencialidad de generar más puestos de trabajo, poblar el territorio y desarrollar la soberanía alimentaria local y regionalmente.
Puntos más importantes:
Declara de interés público a la Agricultura Familiar “por su contribución a la seguridad y la soberanía alimentarias del pueblo”.
Sujeto Social: una visión de desarrollo humano integral de pequeños productores, comunidades campesinas e indígenas y trabajadores de la agricultura familiar.
Democratización: participación activa de las comunidades.
Creación del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Públicas para la Agricultura Familiar.
Fortalecimiento de las organizaciones.
Acceso a la tierra considerada como Bien Social: menos del 20 por ciento de la superficie cultivable de nuestro país está en manos de la Agricultura Familiar.
Suspensión de los desalojos por tres años: creación de la Comisión Nacional Permanente de Regularización Dominial de la tierra rural.
Creación del Banco de Tierras, disponibles para desarrollo de emprendimientos productivos.
Arraigo Rural: trabajo en conjunto con provincias y municipios.
Viviendas rurales.
Acceso a los servicios sociales para la población rural (educación, salud, deportes, cultura, discapacidad, desarrollo y promoción social, así como la asistencia social directa).
Qué dicen las organizaciones campesinas
El Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de los Pueblos Originarios (Enotpo), la Organización de Naciones y Pueblos Indígenas en Argentina (Onpia), el Movimiento Campesino de Liberación, el Movimiento Agroecológico de América Latina (Maela) y la Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar (Fonaf), junto a representantes de distintas organizaciones campesinas participaron de la reunión del Consejo Nacional Interministerial de la Agricultura Familiar, el pasado 5 de enero en la Casa Rosada.
Miguel Gómez. Frente Agrario Evita
“Con las organizaciones tuvimos una reunión interministerial (salud, educación y vivienda) en la Jefatura de Gabinete y planteamos que la reglamentación esté lista para el 25 de febrero. Hay varios puntos importantes que quedaron planteados: el acceso a la tierra, la regularización de los títulos, el acceso al agua, la educación, de implementar programas específicos para los compañeros del interior más profundo, donde muchas de las políticas del Estado todavía no han llegado. El gran desafío es ése, que esta ley sirva para ampliar derechos en los territorios más postergados de nuestro país. Hay 250 mil unidades productivas. Este espacio interministerial puede servir para que las políticas lleguen a esos territorios.”
